Resumen

La investigación sobre judicialización de la política ha documentado ampliamente la presencia y persistencia del lenguaje legal en el devenir colombiano. Una de las aristas que se discute sobre el fenómeno es la judicialización de la política pública. Particularmente, se ha observado que la Corte Constitucional Colombiana se convirtió en un agente creador de derechos y coordinador de políticas. Sin embargo, no se le ha prestado suficiente atención a la manera detallada en cómo esto sucede y concretamente a la forma en la que se socializa y crea conocimiento experto o especializado en la Corte ¿Cómo llegan nuevas ideas al tribunal? ¿Cómo es el proceso cognitivo por el cual se crean nuevos derechos? En este sentido, el propósito de esta investigación fue estudiar el transcurso de la producción de la sentencia T- 622-16, la cual le dio personería jurídica al río Atrato. Para ello, se realizó un estudio cualitativo de rastreo de procesos/process tracing, con entrevistas a profundidad y un ejercicio de análisis de archivo. A partir de la información obtenida, este artículo argumenta que la introducción de los derechos de los ríos a la Corte Constitucional en Colombia se dio por tres factores principales: una movilización social de larga data, la iniciativa de un asesor del tribunal (law clerk) e igualmente se enriqueció por un nicho de experticia o estructura de sostén que a su vez se mantiene por la cultura legal de la corte. Este hallazgo amplía la discusión sobre la caracterización que se ha hecho de la judicialización de la política pública en Colombia y destaca la utilidad de profundizar en la temática a través de un enfoque relacional a la hora de estudiar la informalidad y la socialización de conocimiento legal o de otras especialidades en el contexto de un proceso jurídico.