Bancarrota y mecanismos de salida en Colombia
Citas bibliográficas
Enlace de Referencia
Autores
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Fecha
Resumen
La literatura reciente se ha centrado en evaluar los efectos económicos de las leyes de bancarrota. Aunque esta literatura establece que estas leyes deben corresponder a las características económicas de cada país, en general ellas deberían basarse en algunos criterios económicos que permitan decidir si una firma tiene que ser reestructurada o liquidada. Las leyes de bancarrota deben ser reglas de negociación transparentes y consistentes que balanceen los derechos de acreedores y deudores, lo mismo que deben hacer que los procesos sean más fáciles y con el menor consumo de tiempo posible, con el fin de preservar el valor económico de las firmas con problemas financieros. Este documento evalúa la Ley 550 de 1999. Con base en información de los procesos jurídicos de 50 firmas en acuerdos de reestructuración y 10 en proceso de liquidación, se analiza sus procesos de negociación para mostrar las principales fortalezas y debilidades de la ley. Se encontró que la Ley 550 ha mejorado el sistema de bancarrota de Colombia haciendo los procesos de reestructuración más flexibles y con menos consumo de tiempo. Adicionalmente, esta ley mejoró la calidad de la administración de las firmas con la introducción del Código de Conducta Empresarial. Sin embargo, las debilidades de esta ley son que no se contempla ninguna condición de eficiencia ex-post y que es una ley orientada a incentivar la reestructuración sobre la liquidación: no da ninguna prioridad explicita para el orden de pago a los acreedores y da poder de veto a grupos minoritarios interesados en lograr acuerdos de reestructuración. Además, es una ley orientada al deudor puesto que elimina las sanciones a propietarios y administradores responsables por la bancarrota de la firma. Inicialmente, la Ley 550 se estableció como una solución temporal a ser reformada al final de 2004. Con la Ley 922 de 2004, el Congreso le dio una prorroga de dos años, e incluyó en su alcance a universidades estatales, pero no hizo reformas de fondo al mecanismo. En consecuencia, es necesario pensar en una nueva ley que debería enfocarse en mejorar la eficiencia ex-ante y ex-post de los procesos de bancarrota.
Resumen
Recent literature has paid attention to the economic effects of bankruptcy laws. Even though the literature states that these laws should be adjusted to each country's individual economic characteristics, in general they should be based on some economic criteria to decide whether a firm has to be either restructured or liquidated. They should give transparent and consistent rules for negotiation that balance creditors' and debtors' rights, and they should try to make the processes easier and less time-consuming in order to maintain the economic value of ailing firms. This paper evaluates Law 550, the Colombian bankruptcy law passed in 1999. With information from 50 firms with restructuring agreements and 10 companies in liquidation, I analyze their bargaining processes to show the law's principal strengths and weaknesses. I found that Law 550 has improved the Colombian bankruptcy system by making the restructuring process more flexible and less time-consuming. In addition, it improved firms' management quality through the Code of Corporate Conduct (Codigo de conducta empresarial). However, its shortcomings are that it does not contemplate any explicit ex-post efficiency condition, and it has been a restructuring-oriented law: it does not give any explicit priority to order of payments; it reduces the minimum level needed to approve a restructuring plan; and gives veto power to minority groups interested in reaching a restructuring agreement. In addition, it is a debtor-oriented law, eliminating sanctions on owners and managers responsible for the firm's bankruptcy. Law 550 was conceived as a temporary solution to be reformed at the end of 2004. With the approval of the Law 922 of 2004, this mechanism will be effective during two more years, without changes in its structure. Consequently, a permanent bankruptcy law for Colombia should focus on improving the ex-ante and ex-post efficiency of bankruptcy procedures.