El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado: una mirada desde el goce efectivo de derechos y los factores asociados a su realización
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Resumen
El desplazamiento forzado interno en Colombia, que ha impactado a una décima parte de la población, no cesa, y persiste la situación de vulnerabilidad social y humanitaria de los desplazados. En este trabajo se construye un índice de goce efectivo de derechos, a través del cual se concluye que el proceso de restablecimiento y reparación integral de los hogares desplazados, en cuanto a la estabilización socioeconómica, se encuentra en un nivel promedio por hogar del 60%, cuatro puntos por debajo de los hogares pobres y vecinos de los desplazados. Este nivel medio se debe principalmente a los logros en los derechos de salud y educación. El índice muestra grandes rezagos en la realización de los derechos de auto-sostenibilidad, con resultados casi nulos en la generación de ingresos que se refleja en que el 99% de los hogares son pobres, y tan solo el 5% de los hogares habitan una vivienda digna. A través de un grupo de hogares panel, se demuestra técnicamente que los hogares desplazados se encuentran en una trampa de pobreza. Entre 2007 y 2008, los hogares desplazados retroceden drásticamente en el goce efectivo de derechos, de tal forma que alrededor del 45% de los hogares lo hacen en por lo menos un derecho. Se evidencian también otras amenazas sobre la sostenibilidad de la política de estabilización socioeconómica: a) el desborde de la capacidad institucional en la atención de la población desplazada en los municipios con mayor dependencia de las transferencias del Estado, como consecuencia de la incapacidad de generar recursos propios; b) la fragmentación de una tercera parte de los hogares desplazados en el lugar de asentamiento y el recrudecimiento de la situación de otra cuarta parte por la llegada de nuevos miembros del hogar; y c) el significativo déficit sobre la realización de derechos que padece la población pobre colombiana no desplazada, que incide en un dilema moral sobre la política pública y de atención prioritaria de los pobres históricos.
Resumen
There is no end in sight to forced displacement in Colombia, and it currently affects one-tenth of the country's population. Displaced persons continue to be vulnerable to many social and humanitarian consequences. In this study, we build an index to measure the extent to which displaced households can effectively realize their economic and social rights. Based on the results of the index, we conclude that during the process of resettlement and integral reparation, a displaced household, on average, is able to realize 60% of the rights associated with economic and social stability. This result is four points below the average level at which poor households and neighbors of displaced persons are able to realize their rights. This average level of realization of rights is mainly due to the progress made in accessing health and education. The index highlights a great lag in the possibility of displaced persons of becoming self-sustainable. Displaced households do not generate enough income for subsistence, and consequently 99% of the households are poor, and only 5% live in dignified homes. Using panel data on a group of households, our technical work illustrates that displaced households find themselves in a poverty trap. Between 2007 and 2008, the ability of displaced households to exercise their rights deteriorated to the point where, in effect, 45% of the households stepped back at least one right during this period. We also identified other factors threatening the sustainability of the socio-economic stabilization policy: a) in those municipalities with the greatest dependence on state cash transfers, people are unable to generate their own resources, and consequently their need for assistance has exceeded the existing institutional capacity to help; b) a third of displaced households separated once they arrived at their place of settlement, and another one-fourth saw their situation worsen upon the arrival of new members of their households to the place of settlement; and c) the poor, non-displaced population is also experiencing a significant deficit in their ability to fulfill their economic and social rights, which underscores the moral dilemma regarding public policy and prioritizing assistance to Colombia's historically poor people.