Abstract:
El artículo 355 de la Constitución Política fijó en su inciso segundo la posibilidad de que el Gobierno, en sus niveles nacional, departamental distrital y municipal celebrara contratos con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo, para lo cual el Gobierno mediante la expedición de los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 1992 reglamentó la materia, estableciendo una precaria lista de requisitos que debía cumplir el asociado. Sin embargo, la escasa, abstracta y desactualizada regulación normativa en tomo a dichos convenios han generado importantes dificultades respecto a la regla de la selección objetiva del asociado, por lo anterior, este trabajo busca presentar alternativas jurídicas que le permitan acreditar a las entidades estatales la idoneidad del asociado, con el propósito fundamental de garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de interés público
