Resumen en español

Una de las preocupaciones recurrentes de la teoría económica del crimen ha sido el efecto de la justicia penal sobre las actividades delictivas. Se ha postulado que la probabilidad de ser capturado y la de ser sancionado, son factores que afectan las decisiones de los criminales. Se ha dado por descontado que estas son variables sobre las cuales el estado, perfectamente informado acerca de la realidad criminal, mantiene el control. Las teorías criminológicas son menos unánimes en cuanto a la efectividad del sistema penal sobre los comportamientos delictivos, pero aún las más escépticas suponen cierto grado de autonomía de la justicia penal. En ambos casos, se ha ignorado el efecto que las organizaciones criminales pueden tener sobre el desempeño del sistema judicial. Tal es el tema de este trabajo, con la cual se pretende argumentar, con referencia al caso colombiano, que la violencia, y en particular la ejercida por organizaciones armadas, puede constituirse en un obstáculo a la adecuada administración de justicia penal en una sociedad. En la primera parte, muy breve, se rescatan los elementos de la literatura económica que sirven para enmarcar conceptualmente la noción de endogeneidad del sistema penal de justicia. En la segunda se trata de argumentar que, en Colombia, en forma contraria al diagnóstico tradicional, si parece haber una relaci6n estrecha entre la violencia homicida y la presencia de agentes armados. En la tercera se hace referencia a la evidencia disponible acerca del efecto de la violencia, y las amenazas ejercidas por los grupos armados, sobre las distintas etapas de los procesos penales. Con información a nivel de los municipios colombianos, se busca rastrear el impacto que tienen los grupos armados y se sugiere que este se inicia con alteraciones en la disponibilidad y la calidad de la información acerca de la violencia.