Contratos de estabilidad jurídica en Colombia, un análisis desde la economía de la información, y la economía política
2017
El Gobierno colombiano creó los contratos de estabilidad jurídica (CEJ) en Colombia, mediante la Ley 963 del 2005, argumentando que eran necesarios para generar confianza a los inversionistas. Mediante estos contratos, se mantenían constantes las normas tributarias aplicables a las empresas firmantes, a cambio del compromiso por parte de estas de adelantar un proyecto de inversión y pagar una prima proporcional al valor de la misma. Sin embargo, la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria) derogó expresamente la Ley 963 del 2005, por lo que en la actualidad ya no se suscriben estos contratos. Es de interés examinar la racionalidad del Gobierno y las empresas firmantes en suscribir estos contratos. Este artículo analiza los CEJ desde la economía de la información y la economía política, y afirma que fueron creados en Colombia por el Gobierno, buscando maximizar los niveles de inversión en el corto plazo, al ofrecer una estabilidad tributaria, sabiendo que no era sostenible hacia el futuro. Esto puede asimilarse a un problema de consistencia intertemporal de la autoridad tributaria. Además, estos contratos pueden haber generado una divergencia entre la maximización del capital físico existente (propósito de un Gobierno benevolente) y el incremento en el flujo de inversión nueva (objetivo de un Gobierno que busca "mostrar resultados").
