Propuesta de herramienta de gestión pública para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos cuando se trate del procedimiento de contratación directa: contratos interadministrativos

Abstract

A pesar de los controles existentes en la contratación pública, el contexto social del país ha demostrado la necesidad de realizar esfuerzos para optimizar los recursos utilizados en el funcionamiento del Estado. Este texto tiene como propósito evidenciar una falencia en la aplicación de la Ley 1150 de 2007 y proponer una solución que busca optimizar el uso de recursos afectos a la contratación pública, cuando se trata de la causal de contratación directa: contratos interadministrativos. Para ello, se abordarán una serie de conceptos jurídicos y económicos y se analizará un caso que permite identificar puntos de la normativa actual que se alejan de lo deseable. La propuesta busca utilizar herramientas de gestión pública existentes para fijar directrices que exijan una real demostración de la aplicación del principio de selección objetiva y la escogencia de la oferta más favorable en la contratación directa para viabilizar la suscripción de contratos interadministrativos. Así, preservando la celeridad existente para aquellos contratos en que las entidades tienen un ánimo meramente colaborativo los cuales son diferentes a los contratos interadministrativos; y afrontando situaciones problemáticas como la ejemplificada en el caso objeto de estudio: la falta de optimización cuando se utilizan sociedades del Estado como contratistas intermediarios, generando costos adicionales. La conclusión: se debe modificar la situación que desincentiva a las entidades estatales de obtener los beneficios que se adquieren con las otras modalidades de selección gracias a la competencia, maximizando el uso de los recursos públicos

Despite the existing controls on public procurement, the country's social context has demonstrated the need to make efforts to optimize the resources used in the functioning of the State. The purpose of this text is to show a flaw in the application of Law 1150 of 2007 and to propose a solution that seeks the optimization of resources related to public contracting, in particular, when it comes to direct contracting through inter-administrative contracts. To do this, a series of legal and economic concepts will be addressed and a case will be analyzed to evidence and identify issues in current regulations that stray from what is desirable. The proposal seeks to use existing public management tools to set guidelines that require a real demonstration of the application of the principle of objective selection and choice of the most favorable offer in direct contracting, before proceeding with the signing of inter-administrative contracts. Thus, preserving the speed that exists for those contracts in which entities merely have collaborative intentions, which are considered different from inter-administrative contracts; and facing problematic situations such as the one exemplified in the case under study: the lack of optimization when State companies are used as intermediary contractors, generating additional costs. The conclusion: the situation that discourages state entities from obtaining the benefits that are acquired with the other selection modalities thanks to competition should be modified, maximizing the use of public resources