Resumen

Colombia cuenta con un sistema de subsidios a la demanda final residencial de energía, que toman la forma de tarifas reducidas para ciertos grupos de la sociedad. El sistema actual de subsidios a la demanda de energía funciona primordialmente alrededor del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), concebido desde la Ley 142 de 1994 como un fondo de subsidios cruzados, donde los usuarios con mayor capacidad de pago subsidian a quienes no la tienen. Entre los principios del sistema tarifario para servicios públicos domiciliarios, establecidos en la mencionada Ley, hay dos de los cuales se deriva la naturaleza de subsidio cruzado del Fondo: el principio de solidaridad y redistribución, y el principio de suficiencia financiera. La focalización actual de los subsidios se basa en el sistema de estratificación: los usuarios en los estratos 1, 2 y 3 son receptores de subsidios de electricidad, mientras que aquellos en estratos residenciales 5, 6, y los usuarios comerciales, realizan contribuciones a través de una sobretasa. En gas natural domiciliario la focalización es similar, excepto que el estrato 3 no es receptor. En la actualidad es claro el FSSRI no cumple con un principio básico de focalización, según el cual los recursos de los subsidios deberían dirigirse a la población de menores ingresos. Con casi 90% de los hogares subsidiados en electricidad y 60% en gas por redes, el sistema carece de una verdadera focalización, y claramente dedica cuantiosos recursos de la Nación a subsidiar hogares que no se encuentran en condición de vulnerabilidad, algunos de los cuales incluso se ubican en el extremo superior de la distribución de ingreso. Más del 40% de los hogares en los estratos 2 y 3 se encuentran por encima de la mediana de ingreso, y más del 60% de los usuarios de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado, y del 45% en gas por redes, son receptores de estos subsidios sin encontrarse en situación de pobreza (que en la última década ha alcanzado a menos del 30% de la población). Con incontables necesidades sociales que demandarían recursos del Estado, es fundamental redirigir los recursos que hoy subsidian a una población que no lo necesita hacia usos de mayor retorno social, incluyendo financiar una necesaria expansión del cubrimiento de provisión energética a las poblaciones que hoy no la tienen. El FSSRI tampoco cumple con el principio de solidaridad y redistribución con el cual se creó. La actual estratificación socioeconómica, que concentra la casi totalidad de hogares en los estratos 1, 2 y 3 y menos del 5% de los hogares en estratos que contribuyen, implica que el Fondo es en realidad un subsidio generalizado a hogares por parte de los estratos comerciales, y por recursos de otras fuentes del presupuesto de la nación. Como consecuencia de lo anterior, y de crecientes costos promedio, el FSSRI tampoco cumple con el principio de suficiencia financiera (ley 142 de 1994), pues resulta altamente deficitario, con un desbalance que en la actualidad alcanza más de dos billones de pesos al año. Un solo año de ahorro del déficit del FSSRI, por ejemplo, sería suficiente para financiar la quinta parte de la mejora de cobertura y calidad eléctrica que se estima indispensable. La carga de este déficit, además, es asumida por las empresas distribuidoras por periodos que actualmente alcanzan seis meses.