Resumen

Si alguna persona le hubiera contado, el 11 de septiembre de 2001, que Estados Unidos no sería capaz de hacer lo que quisiera en respuesta a los ataques terroristas de ese mismo día, usted probablemente hubiera cuestionado su cordura. Estados Unidos era el país más poderoso del mundo, y tenía la simpatía del resto del mundo en el período posterior a los ataques. ¿Quién lo detendría? (¿Quién iba a detenerlo?) Al Qaeda tenía pocos amigos más allá de los talibanes. Históricamente, el Congreso y las cortes habían casi siempre deferido al ejecutivo en tiempos de crisis como este. Y era poco probable que el sector político norteamericano se opusiera a las medidas que sacrificaban los derechos de otros -árabes, musulmanes y especialmente extranjeros árabes y musulmanes- por la seguridad de los americanos (norteamericanos). Sin embargo, tal vez la lección más importante y sorprendente de la última década es que los derechos constitucionales y humanos, que parecían tan vulnerables después de los ataques, demostraron ser mucho más resistentes de lo que muchos habrían predicho. La administración del presidente George W. Bush inicialmente tuvo que enfrentar las limitaciones del derecho constitucional, estatutario e internacional, considerados como obstáculos inconvenientes en el camino a la seguridad. La administración actuó como si nadie se atreviera a limitarlo. Pero con el tiempo, la rama ejecutiva de la nación más poderosa del mundo se vio obligada a adaptar su respuesta a las exigencias legales...