Del dicho al hecho: los retos de la democracia ambiental en contextos de extractivismo petrolero en Colombia
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Resumen en inglés
Principle 10 (P10) of the Rio Declaration (1992), proposes a minimalist conception of environmental democracy because the three rights that it raises as foundations (access to information, to participation and to justice) are more procedural than substantial and do not really guarantee environmental democracy. This article presents four cases of environmental licensing of oil blocks in the foothills of the Meta plains, an expanding hydrocarbon extractive frontier in Colombia, where members of local communities activated citizen participation mechanisms (CPM) and legal instruments contemplated in the national legislation to protect their territories, obtaining different results. To identify the factors defined within the exercise of access to rights of environmental democracy that influenced the license granting or denial in these cases (blocks CPO-09, Llanos 69, Llanos 36 and Serranía), a chronology of the CPM activations in every case was made. The comparison of the cases shows that, in those where oil exploration was halted, the results had to do with elements (or democratic practices) outside the structure of environmental democracy, such as articulation with international activist organizations, media outreach and technical information, together with local social mobilization, which are more related to the exercise of environmental justice of social movements.
Resumen en español
Desde el Principio 10 (P10) de la Declaración de Río (1992), se propone una concepción minimalista de la democracia ambiental, pues los tres derechos que plantea como pilares (acceso a la información, a la participación y a la justicia) son más procedimentales que sustanciales y no garantizan realmente la democracia ambiental. Este artículo aborda cuatro casos de licenciamiento ambiental de bloques petroleros en el piedemonte llanero del Meta, frontera extractiva de hidrocarburos en expansión en Colombia, en donde miembros de comunidades locales activaron mecanismos de participación ciudadana (MPC) e instrumentos jurídicos contemplados en la legislación nacional, para proteger sus territorios, obteniendo resultados diferentes entre sí. Para identificar los factores enmarcados dentro del ejercicio de los derechos de acceso de la democracia ambiental que influyeron en el otorgamiento o negación de las licencias en estos casos (bloques CPO-09, Llanos 69, Llanos 36 y Serranía), se realiza inicialmente una cronología de las activaciones de MPC en cada uno. La comparación de los casos muestra que, en aquellos donde se frenó la exploración petrolera los resultados tuvieron que ver más con elementos o prácticas democráticas por fuera de la estructura de la democracia ambiental, tales como la articulación con organizaciones activistas internacionales, la divulgación mediática y la información técnica, de la mano con la movilización social local, que están más relacionadas con el ejercicio de la justicia ambiental propia de los movimientos sociales.