El conflicto armado en Colombia se reconfiguró tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, al pasar de una dinámica de conflicto nacional a una de focalización regional. Esta investigación busca entender cómo se relacionan los agravios como la pobreza, la desigualdad y la concentración de la propiedad de la tierra con la captura de rentas de recursos naturales en la perpetuación del conflicto colombiano entre 2018 y 2022. Para esto hago un análisis cuantitativo con una base de datos original sobre eventos de violencia, capacidad estatal subnacional y condiciones socioeconómicas municipales en Colombia. Se sugiere que la presencia de violencia municipal entre 2018 y 2022 se debe a una baja capacidad estatal subnacional que ha redundado en un anémico desempeño económico, en una precaria provisión de seguridad y servicios básicos y en una alta ilegitimidad del estado y la democracia. Estas condiciones han incentivado la presencia de grupos armados donde, además, existen rentas asociadas al narcotráfico que pueden ser capturadas y no dónde la concentración de la tierra es mayor, lo que muestra que las condiciones que dieron origen al conflicto pueden no explicar su prolongación. La confluencia entre una baja capacidad estatal, ilegitimidad de la democracia y narcotráfico está asociado a la presencia de violencia, lo que impide una construcción de paz efectiva. Se concluye sugiriendo que para construir paz territorial en Colombia se requiere incrementar la capacidad estatal municipal para disminuir agravios y mejorar la provisión de servicios básicos. Esto probablemente incrementará la legitimidad del estado, eliminará incentivos para cooptar rentas del narcotráfico y desactivará las condiciones que han permitido la persistencia del conflicto.
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