La prueba de razonabilidad y la estabilidad de las reglas de juego
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Resumen
No deja de sorprender que una persona que se precia de haber estado involucrada, desde hace muchos años, en el ejercicio de la economía pública, desde el gobierno, el Banco Central y la actividad privada y gremial, como es mi caso, desconociera por completo la existencia de "el principio de proporcionalidad", componente de otro concepto denominado "la prueba de razonabilidad". Estos, constituyen una de las herramientas conceptuales y teóricas fundamentales del constitucionalismo moderno, con particular incidencia en el estudio constitucional de normas de alcance económico. Esta confesión de culpa la hago sin mayor pudor, pues tengo la certeza de que mis colegas economistas podrían, si quisieran, formular el mismo mea culpa. No me sorprendería si encontrásemos uno o varios casos análogos de ignorancia inexcusable entre los abogados. Apostaría a que muchos de ellos desconocen la existencia siquiera del concepto de "sostenibilidad fiscal" o de "función de bienestar" y, peor aún, de la relevancia de estos conceptos para la aplicación correcta de la Constitución. El texto se divide en tres partes. La primera explica la prueba de razonabilidad. En la segunda se presenta un breve análisis de algunas sentencias de la Corte para discernir si ha aplicado dicha prueba y cuáles han sido los cambios y efectos de la jurisprudencia que han generado una reacción de los economistas. Y en la tercera se presentan las conclusiones.
Resumen
It seems worth noting that a person who is proud of having been involved during many years in the exercise of the public economy, both in the Government as well as in the Central Bank, as well as in private and gremial economic activities, would not know at all the existence of the "principle of proporcionality", a component of another concept, called "the reasonability test". Both concepts conform one of the fundamental conceptual and theoretical tools of Modern Constitutionalism, with a particular emphasis on the constitutional study of legal norms with economic relevance. I am able to put forward this confession of "guilt" without much shame, as I am rather sure that my collegue economists might formulate the same confession, if they would wish to do so. It would not come as a big surprise eigther to find one or several analogue cases of inexcusable lack of knowledge among the lawyers. I would bet that many of them do not know the existence of the concept of "fiscal sustainibility" or the "function of wellfare", and, even worse, the relevante of these concepts for the correct application of the Constitution...